Volver a leer los discursos de Luis Carlos Galán, veinte años después de su magnicidio, es encontrar el rastro desesperado y legítimo de un hombre que tuvo una dimensión de país.
Tras el ser que creía que “No hay democracia si no se entiende la nación como una misión colectiva, un compromiso de todos”, está la huella de una reserva humana y la tentativa por forjar un destino digno, con mayores oportunidades y sentido igualitario, una dimensión de la democracia no sólo desde lo económico, sino desde lo social, político y cultural.Luis Carlos Galán, ultimado a tiros a sus 46 años, era la pasión de las ideas, el fervor y el idealismo por una nación vulnerada en ese entonces por el narcotráfico, los conflictos armados y el germen de una violencia aún no resuelta desde mediados del siglo XX.Quedan los discursos de Galán, sus pensamientos sobre el peligro del narcotráfico y la amenaza hacia la justicia, sobreviven sus ideas, sus escritos, su verticalidad, su honestidad, su pasión por el país.Colombia lamentablemente ha cerrado a lo largo de su historia, las puertas a inmensas reservas humanas que han planteado rupturas a una oscura tradición de intolerancia. Si se mira en conjunto su historia, la nación es un oscuro y largo sendero de muertes en la impunidad.
IMPUNIDAD, ESE OSCURO SENDEROEl siglo XX comenzó en Colombia heredando los hilos de sangre de las guerras civiles del siglo anterior. El amanecer del siglo se ensombreció con el asesinato del ilustre liberal de izquierda Rafael Uribe Uribe el 15 de octubre de 1914.Años después, la Masacre de las Bananeras en diciembre de 1928. Veinte años después, el 9 de abril de 1948, el magnicidio del precandidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán. Del 48 al 58 la historia espeluznante de la Violencia. Las formas de exterminio han variado pero en esencia, los magnicidios siguen allí. Hasta los pavorosos genocidios perpetrados por guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, crímenes cometidos por grupos al margen y camuflados dentro de la ley.Allí está el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, quien se desempeñó como Ministro de Justicia durante el gobierno del ex presidente Belisario Betancour. Se caracterizó por perseguir a los narcotraficantes como Pablo Escobar. Por esa razón, fue amenazado el Cartel de Medellín.Su muerte se registró el 30 de abril de 1984, por apoyar la extradición a Estados Unidos de los capos del narcotráfico. Su asesinato quedó en la impunidad al no conocer los responsables directos del crimen.Enrique Low Murtra, ex ministro de Justicia, fue asesinado en Bogotá el 30 de abril de 1991. El crimen ocurrió cuando el político salía de una universidad en la que era catedrático y decano de la Facultad de Derecho. Con ese crimen se inició la larga cadena de víctimas del narcotráfico.Low Murtra, 53 años, economista y abogado, fue ministro de Justicia del presidente Virgilio Barco entre septiembre de 1987 y junio de 1988.Bernardo Jaramillo, aspirante a la Presidencia de la República, asesinado el 22 de marzo de 1990 se registró su crimen.Jaime Pardo Leal, impulsor de la Unión Patriótica (UP), de la cual fue su primer candidato presidencial para las elecciones, asesinado el 11 de octubre 1987 por sus ideología de izquierda y porque denunció alianzas de la clase política con el narcotráfico.Carlos Pizarro Leongómez, asesinado el 26 de abril de 1990 cuando era candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19.Álvaro Gómez Hurtado abogado, político, escritor y periodista, era hijo del ex presidente Laureano Gómez quien gobernó al país entre 1950 y 1953, asesinado el dos de noviembre de 1995.Manuel Cepeda Vargas, asesinado el nueve de agosto de 1994 por una persecución a la Unión Patriótica.
Lo único que no han podido ultimar a tiros es la conciencia, el espíritu, las ideas, la dignidad, la solidaridad y el sentido de pertenencia a un fragmento de universo en una nación.
lunes, 3 de mayo de 2010
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Fue el personaje más complejo y misterioso de Colombia
el rey de capos PABLO ESCOBAR
PABLO ESCOBAR ESTA MUERTO Y POSIBLEMENTE COLOMBIA ESTA PEOR
EL NARCOTRAFICO Y LA LUCHA DEL ACTUAL GOBIERNO
A pesar de otros antecedentes de importancia, como la Convención Única sobre Estupefacientes, de 1961 y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971, en rigor puede afirmarse que solamente con la Convención de Viena, de 1988 la comunidad internacional pudo acendrar el consenso en torno a la definición de una estrategia uniforme para enfrentar los embates del narcotráfico. A partir de su concepción como delito de carácter transnacional, en lo que tiene que ver con la oferta de sustancias sicoactivas, se hizo evidente la necesidad de que los Estados parte adquirieran el compromiso de armonizar sus ordenamientos jurídicos internos y se hicieran a instrumentos adecuados para someter a un tratamiento similar a quienes se dedican a actividades relacionadas con el tráfico ilícito de estupefacientes, evitando así la existencia de países de refugio o de fuga.
El esfuerzo de la actual administración, sin duda impulsado por la posición asumida por los Estados Unidos -como expresión de una diplomacia coercitiva que es injusta en tanto unilateral y desmedida en tanto sus efectos perjudicaron al país entero y no sólo a los narcotraficantes-, ha sido significativo y ya comienza a mostrar resultados.
A continuación se presenta un informe del estado de avance de algunos de los aspectos más trascendentes en esta materia, no sin advertir que en temas como el del control y detección de precursores químicos, Colombia ha actuado de manera mucho más aguerrida que el resto de los países suscriptores de la Convención de Viena, de 1988, al incluir como sustancias controladas químicos e insumos que, en el resto del mundo, se comercializan libremente, y al celebrar acuerdos derivativos de la Convención con varios Estados en los que también se ha ampliado el catálogo de químicos recogidos en otros instrumentos internacionales. Igualmente, ha de destacarse el esfuerzo realizado para remediar factores estructurales que afectan en buena medida el funcionamiento de nuestro sistema de Justicia, como se refleja en las actividades que se vienen implementando para el montaje de unidades especializadas en investigación y juzgamiento -policía judicial y fiscalías- de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.
A pesar de otros antecedentes de importancia, como la Convención Única sobre Estupefacientes, de 1961 y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971, en rigor puede afirmarse que solamente con la Convención de Viena, de 1988 la comunidad internacional pudo acendrar el consenso en torno a la definición de una estrategia uniforme para enfrentar los embates del narcotráfico. A partir de su concepción como delito de carácter transnacional, en lo que tiene que ver con la oferta de sustancias sicoactivas, se hizo evidente la necesidad de que los Estados parte adquirieran el compromiso de armonizar sus ordenamientos jurídicos internos y se hicieran a instrumentos adecuados para someter a un tratamiento similar a quienes se dedican a actividades relacionadas con el tráfico ilícito de estupefacientes, evitando así la existencia de países de refugio o de fuga.
El esfuerzo de la actual administración, sin duda impulsado por la posición asumida por los Estados Unidos -como expresión de una diplomacia coercitiva que es injusta en tanto unilateral y desmedida en tanto sus efectos perjudicaron al país entero y no sólo a los narcotraficantes-, ha sido significativo y ya comienza a mostrar resultados.
A continuación se presenta un informe del estado de avance de algunos de los aspectos más trascendentes en esta materia, no sin advertir que en temas como el del control y detección de precursores químicos, Colombia ha actuado de manera mucho más aguerrida que el resto de los países suscriptores de la Convención de Viena, de 1988, al incluir como sustancias controladas químicos e insumos que, en el resto del mundo, se comercializan libremente, y al celebrar acuerdos derivativos de la Convención con varios Estados en los que también se ha ampliado el catálogo de químicos recogidos en otros instrumentos internacionales. Igualmente, ha de destacarse el esfuerzo realizado para remediar factores estructurales que afectan en buena medida el funcionamiento de nuestro sistema de Justicia, como se refleja en las actividades que se vienen implementando para el montaje de unidades especializadas en investigación y juzgamiento -policía judicial y fiscalías- de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.
LA MAFIA DEL NARCOTRAFICO
Cuando se habla de organizaciones de tipo mafioso se refiere a los grupos que en tanto producen acumulación y riqueza a partir de la producción de cocaína, manejan el mismo esquema de la economía legal en sus empresas ilegales.
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